DE LARA DESESTIMA OTRO RECURSO DEL PROMOTOR DE O GARAÑÓN
Los nuevos datos apuntan «a una clara arbitrariedad» por parte del Concello

Enrique G. Souto / la voz
26 de diciembre de 2013

La jueza Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1, que actúa en funciones de sustitución en el 2, dictó un auto por el que desestima el recurso interpuesto por el promotor Ricardo Iglesias contra la resolución que firmó en el pasado mes de julio, en la que le daba por desistido y apartado de la oposición a las medidas cautelares adoptadas en el caso de la urbanización O Garañón (paralización de las obras desde 2010, entre otras). En este auto, se indicada que los elementos ya analizados, junto con otros de más reciente conocimiento, apuntan a una clara arbitrariedad por parte de la administración pública municipal.

En el recurso ahora resuelto, el empresario pretendía que se considerase nulo el desistimiento dictado por el juzgado en su oposición a las medidas cautelares por no presentarse a la vista celebrada el 18 de diciembre del año pasado. La representación legal de Iglesias Paredes argumenta lo que considera defectos en la comunicación de la citación. La jueza considera que dicha solicitud es extemporánea y que no hubo defecto de forma alguno. Califica de «curiosa» la «fraudulenta maniobra» por la parte recurrente de negarse a firmar la notificación y devolverla sin firma y con un pósit en el que solicitaba información sobre este asunto. Considera que actuó de mala fe.

El empresario intentaba también anular las medidas cautelares impuestas en el caso de la urbanización de O Garañón. La jueza considera que «(...) la parte recurrente no aduce ningún motivo en que pueda fundar su petición». En esta línea señala: «(...) no es necesario que haya una imputación formal para que puedan adoptarse medidas cautelares. Argumento que de todas formas en estos momentos concretos decae habida cuenta de que el señor Iglesias, junto con otras personas, ha sido ya citado a prestar declaración como imputado (...)».

Igualmente, como ya indicó en anteriores ocasiones, señala que «(...) tras la práctica de las diligencias de investigación existen indicios serios y contundentes de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio (...), así como de la posible comisión de otras infracciones penales (...)». Apunta que parece haber existido alguna clase de connivencia entre representantes municipales y una promotora particular.

Reclamación
Alude a la reclamación de indemnización que hace el promotor al Concello, en la que -destaca- lo responsabiliza de no haber pedido el informe de Cultura, carencia de la que se derivaron la anulación de las licencias. E indica que, a tenor de esta reclamación, para el promotor también era clara la necesidad de dicho informe.

En este auto se reproduce lo ya recogido en los anteriores en cuanto a que el Concello debió determinar la paralización de las obras en su momento. Se alude a la reclamación hecha por la empresa que no pudo edificar en el antiguo solar de Telefónica en García Portela. Señala que el criterio técnico que tuvo en cuenta el Concello en este caso no se tomó en consideración en el de las torres de O Garañón «que producen (...) un impacto visual sobre el río Miño y sobre la zona del Parque mucho mayor que la que podría producir la obra a construir por Inversiones Malleo».

EL EDIFICIO DEL SANATORIO GARCÍA PORTELA TAMBIÉN ESTÁ BAJO LA LUPA DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
De Lara pide numerosos documentos a Ingapan, Construcciones y Promociones J. Díaz y a Fomento

Enrique G. Souto / M. Cabana
la voz  / 18 de diciembre de 2013

En el marco de la investigación judicial denominada Galeón, que afecta a la urbanización de O Garañón y otros desarrollos en el entorno del parque Rosalía de Castro, la jueza Pilar de Lara encomendó a las fuerzas del orden recopilar numerosa documentación sobre el edificio del antiguo sanatorio García Portela.

La demanda de documentos está dirigida a las sociedades Ingapan y Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández SL. Quiere todos los contratos y convenios, así como documentos relativos a la segregación de la finca en la que se encuentra el edificio.

Pero también demanda el juzgado información al Ministerio de Fomento. Hay que recordar que el último propietario del edificio -al menos no trascendió que cambiase de manos- es el Instituto Nacional de Estadística. En este caso, también se interesa, según parece, por la identidad de quienes diseñaron proyectos, emitieron informes o participaron en negociaciones. Al Ayuntamiento le corresponderá aportar también amplia información, como el estudio de detalle para los terrenos comprendidos entre la avenida García Portela, Xacobe III y Armando Durán. Una parte considerable de la documentación que el juzgado reclama al Concello en el marco de la Galeón le tocará certificarla a la vicesecretaría, María García Ferro, que tomó posesión de la plaza muy recientemente.

Cabe recordar que en el caso Garañón, el TSXG anuló la aprobación de la urbanización (infraestructuras, calles, etcétera) y de la licencia. Y ello con base en que no fue solicitado informe a Patrimonio. Una de las cuestiones que se planteó en este ya largo debate urbanístico fue el de la distancia a las termas romanas, en función de la cual se necesitaba o no el indicado informe de Patrimonio. Como consecuencia de estas resoluciones, se abrieron interrogantes sobre otras licencias concedidas en el entorno de O Garañón. La principal oposición a esta urbanización vino de la mano de la Asociación na Defensa do Parque de Rosalía. El juzgado que lleva a cabo la investigación autorizó al citado colectivo a acceder a los terrenos para realizar un peritaje alternativo sobre el coste que tendría la demolición de lo construido en estos terrenos.

OROZCO «FLIPA» CON EL INTERÉS DE PP Y BNG POR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES EN O GARAÑÓN
Los populares reverdecen su crítica al alcalde por el «urbanismo a la carta»

Enrique G. Souto
la voz / 18 de diciembre de 2013

La investigación judicial sobre O Garañón, denominada Galeón, ha avivado la pugna política en el Concello de Lugo. Mientras los socialistas, por boca del alcalde y del presidente de la Diputación (ex concejal de Urbanismo), responsabilizan al PP de la edificabilidad que el PGOU de 1990 concedía a la unidad de actuación CS-5, los populares, con su portavoz ausente, se lanzaron a la crítica de la gestión realizada en dicho asunto por el equipo de Orozco. Recuperaron su acusación a los socialistas de practicar «urbanismo a la carta». El Bloque, por su parte, insistió en pedir la dimisión de Orozco, aunque la edila Abraira no uso el verbo dimitir, sino que dijo, aludiendo al caso Pokémon, que con imputaciones tan graves «un responsable político non pode seguir ao fronte do seu equipo».

El alcalde, José López Orozco, reiteró su defensa de la separación de poderes: «Polo tanto, que o poder xudicial faga as investigacións que lle parezan oportunas; a min paréceme moi ben, pero, como sempre defendín para min e para os outros, sexan do partido que sexan, a presunción de inocencia está consagrada no artigo 24 da Constitución e nin a prensa, nin os partidos políticos, nin as plataformas cidadáns ditan sentenzas».

Por otro lado, el alcalde dijo sentirse «flipado» por el hecho de que tanto populares como nacionalistas den por hecho que el Ayuntamiento tendrá que indemnizar al promotor de O garañón. « Declaró: «Quén ditou iso? Hai algunha sentenza ou están indicando a rota que se debe seguir? Por qué teñen tanto interese en defender os intereses do promotor?». Añadió: «Non me sorprende que o faga o Partido Popular, pero resulta sorprendente a deriva que está a seguir o BNG».

En el PP, por segundo día, actuó ayer como portavoz, en ausencia del titular, Jaime Castiñeira, la concejala Isabel Devesa. Expresó «el máximo respeto por el trabajo de la justicia en la instrucción de la operación Galeón». Añadió: «Lo único que ponemos en tela de juicio, de forma clara y contundente, es la nefasta gestión del urbanismo por parte del gobierno de Orozco».

Para el PP, «si se confirma la trama urbanística en la que podrían estar implicados altos cargos socialistas» su postura no podría ser otra que la de pedir responsabilidades políticas.

Modelo Orozco

La edila Devesa recobró la calificación de «urbanismo a la carta» para el practicado por los gobiernos socialistas. «Es el modelo Orozco que inició Besteiro, como concejal de Urbanismo y al que le dieron continuidad Liñares, María Novo y ahora el señor Luis Álvarez».

El grupo del PP replicó a las acusaciones del alcalde sobre la edificabilidad que concedía el PGOU de 1990 al terreno de la CS-5. «¿Quién negoció el PERI para construir las seis torres de las cuestas del parque? ¿Quién tramitó con una excepcional celeridad este expediente? Y por último, ¿quién firmó de su puño y letra este ruinoso convenio para el Concello?».

La misma concejala considera la respuesta de Orozco «bochornoso e indignante», porque, a su juicio, echa balones fuera como si la cosa no fuera con él. Devesa volvió insistió en su opinión de que el gobierno local de Lugo «no está a la altura de los lucenses» y lamentó «la penosa imagen que se está dando de la institución municipal».

EL EQUIPO DEL ALCALDE ELUDE COMENTAR LAS NUEVAS DECISIONES JUDICIALES

La Voz / 17 de diciembre de 2013

Con tres altos funcionarios municipales imputados (los jefes de servicio de Arquitectura, Urbanismo y Licencias) por el caso de la urbanización de O Garañón, así como con nuevas líneas de investigación abiertas, el gobierno local optó ayer por el silencio. No quiso hacer comentarios sobre este asunto. Inicialmente, en el entorno de la alcaldía se aseguró que López Orozco no había acudido al despacho porque se encontraba indispuesto y el portavoz del gobierno, Luis Álvarez, tenía una agenda muy apretada.

Por la tarde, el equipo del socialista López Orozco, por medio del servicio de comunicación del Concello, indicó que no habría declaraciones sobre esta cuestión a lo largo de la jornada de ayer.

LA JUEZA DE LUGO QUIERE SABER CUÁNTO LE COSTÓ UN PISO A BESTEIRO
Requiere la escritura y el contrato de compraventa del 2005

M. Cabana / Enrique G. Souto
La Voz / 17 de diciembre de 2013

El nombre del presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aparece por primera vez en una de las amplias investigaciones judiciales que se llevan a cabo en Lugo. El caso Galeón, en el que la jueza Pilar de Lara investiga la urbanización O Garañón, al pie del principal parque de Lugo, salpica por primera vez a quien es considerado el alumno aventajado del alcalde Orozco, y desempeñaba la concejalía de Urbanismo cuando se dio el visto bueno al citado desarrollo urbanístico. La jueza pide información de al menos un piso del presidente de la Diputación.

Como ya informó La Voz, la misma jueza y en el marco de la misma operación ha citado a declarar como imputados a tres altos funcionarios municipales de Lugo. Se trata de los jefes de servicio de Urbanismo, Licencias y Arquitectura. Pero en la misma providencia reclama amplia información a las fuerzas del orden. Entre ella, quiere saber cómo evolucionó el precio del metro cuadrado entre 1997 y 2005 en la avenida de la capital lucense en la que Besteiro tiene su piso. Y si dicho piso sufrió alguna reforma desde su adquisición por Gómez Besteiro, y, si fue así, qué empresa la hizo. Sobre la misma vivienda quiere conocer la escritura de compraventa, la cual requiere al notario, lo mismo que de una plaza de garaje, y el contrato de compraventa, del año 2005.

Al margen de la citada propiedad de Besteiro, la jueza se interesa, según ha podido saber La Voz, por otros bienes inmuebles cuya titularidad no se detalla. Entre ellas plazas de garaje en el entorno de Nicomedes Pastor Díaz, para conocer el precio que tenían en los primeros años de este siglo.

Notarios

De acuerdo con las versiones recabadas, la jueza De Lara ha reclamado información de operaciones de compraventa a varios notarios de Lugo y a algunos de fuera de la provincia. Igualmente, recaba información en distintos ámbitos oficiales sobre varias sociedades que tienen o tuvieron intereses no solo en O Garañón sino en otros desarrollos urbanísticos en el entorno del parque de Rosalía. Así ocurre con el edificio del antiguo sanatorio García Portela, cuyo actual propietario, si no se produjeron cambios que no hayan trascendido, es el Instituto Nacional de Estadística.

La investigación judicial parece intentar atar todos los cabos que en este asunto han ido apareciendo a lo largo de los años. La Asociación na Defensa do Parque de Rosalía fue activísima en la denuncia de las irregularidades que creía ver en O Garañón. Una de las cuestiones que apuntó en su momento el citado colectivo fue que no se cumplían algunas disposiciones en materia de seguridad contra el fuego. Por eso, según algunas versiones, la jueza reclama un informe a los bomberos. A la misma asociación se le autoriza, según parece, a entrar en el recinto, precintado en su momento por orden de la propia jueza, para que pueda realizar una valoración alternativa de lo que costaría la demolición de lo ya construido en este terreno, denominado unidad de actuación centro-sur 5 en el PGOU de 1991.

Hay que recordar que el Tribunal Superior de Xustiza anuló primero el proyecto de urbanización (infraestructuras, calles, etcétera) y posteriormente la licencia de edificación concedida por el Ayuntamiento.

BESTEIRO INFORMA AL JUZGADO DE DE LARA DE LAS CONDICIONES DEL PISO EN EL QUE VIVE

Dice que se enteró por La Voz de la providencia en la que la jueza se interesa por su vivienda

Enrique G. Souto

La Voz / 17 de diciembre de 2013

En cuanto conoció por La Voz de Galicia que la jueza Pilar de Lara recaba información sobre las condiciones del piso en el que vive, el presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, remitió un escrito al juzgado, que hizo público, en el que ofrece los datos por los que se interesa. La jueza busca la citada información en el marco de las averiguaciones que realiza sobre la urbanización O Garañón y otros desarrollos del entorno del parque Rosalía de Castro de Lugo.

Besteiro dice que tiene el máximo interés en que la jueza disponga, por su propia iniciativa, de cualquier información que le afecte en cuanto a su patrimonio. Señala que la información es pública, ya que consta en el registro de intereses de la Diputación y del Ayuntamiento de Lugo, que es accesible para cualquier ciudadano en las respectivas páginas webs.

El presidente de la Diputación explica que es propietario de la mitad indivisa de una vivienda en una de las avenidas más céntricas de Lugo (que reseña en el escrito), en régimen de separación de bienes. Señala que esta vivienda fue sometida a una reforma, ejecutada por Construcciones y Promociones Pedrouzo. Indica también en qué fecha y en qué notaría se formalizó la escritura de compraventa, al igual que la de la plaza de garaje. Aclara que no es titular de ningún otro inmueble.

OROZCO EXPRESA SU CONFIANZA EN BESTEIRO, AL IGUAL QUE EN TODOS LOS COLABORADORES QUE NOMBRÓ
Cree que el PP intenta desviar la atención sobre las condiciones urbanísticas que fijó para O Garañón

Enrique Gomez
La Voz / 17 de diciembre de 2013

El alcalde de Lugo, José López Orozco, intentó girar esta mañana el foco de la investigación judicial sobre la urbanización O Garañón, eje del caso Galeón, y recordó que fue el Partido Popular el que aprobó en 1990, con el voto en contra del PSOE, el plan general de urbanismo que confirió al citado terreno, al pie del parque de Rosalía, la máxima edificabilidad.

Orozco dijo que el PP en este asunto tiene un problema porque los lucenses tienen memoria. Sostuvo que todos los pasos que dio el Concello en su mandato en relación con O Garañón se atuvieron a lo legalmente establecido y de acuerdo con los informes técnicos.

Por otro lado, Otozco expresó su total confianza en el presidente de la Diputación y ex concejal de Urbanismo, al igual que en los demás colaboradores que nombró. Recordó que apoyó a Besteiro, por alguna de cuyas propiedades de interesa el juzgado, para la secretaría general del PSdeG.

CITADOS COMO IMPUTADOS TRES JEFES DE SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO
También ha citado al promotor de la obra que investiga por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio

Pepe Seijo

El País / 17 DIC 2013

El Juzgado Número 1 de Lugo, que lleva el proceso sobre la urbanización de O Garañón, ubicada al pie de un parque de la ciudad, ha citado a declarar el próximo mes de enero en calidad de imputados a tres jefes de servicio del Ayuntamiento y al promotor de la obra por supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

La juez ha reclamado, asimismo, diversas informaciones al Ayuntamiento de Lugo sobre las juntas de gobierno celebradas todos los 31 de diciembre desde el año 2000 hasta la actualidad, las juntas de gobierno celebradas en sábado desde el mismo ejercicio, la periodicidad de las mismas desde enero de 2000, la identidad y cargo de la persona que las convoca. La juez Pilar de Lara también pide la identidad y cargo de la persona que convocó la junta de gobierno del 31 de diciembre de 2005 y que se informe acerca de si ese día "era jornada laboral en la administración local".

También reclama que se informe  acerca de si el Ayuntamiento solicitó autorización o permiso a la Xunta para cerrar el parque Rosalía de Castro, en Lugo, "informado en caso positivo de la causa por la que se pidieron tales permisos". Pide, asimismo, copia del acta del pleno de 3 de agosto de 1927 "relativo a la adquisición por parte del Ayuntamiento de Lugo de una parcela de 9.000 metros cuadrados confinante con terreno del parque en una longitud de 60 metros para unirlo a este, propiedad de doña L.E., así como la certificación de 5 de agosto de 1927". El juzgado pide, asimismo, todo ello en "soporte digital si se dispone" de éste, que se haga entrega a través de los agentes de la Guardia Civil del Equipo de Investigación del Seprona de copia compulsada e íntegra de expedientes sobre un edificio en la Avenida República Argentina, el predio donde está construido el Sanatorio García Portela, además de otros solares e inmuebles.

EL JUZGADO PIDE LAS CUENTAS DEL CAMPO DE GOLF DESDE 2006 A 2012

Investiga sus recalificaciones urbanisticas con la empresa Trepia

la voz

16 de diciembre de 2013

La jueza de apoyo del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo emitió un auto en días pasados solicitando al actual presidente del club de golf de Lugo la contabilidad de la entidad entre los años 2006 y 2012, cuando estuvo presidido por Victoriano Azcárraga Salvadores. La jueza investiga las recalificaciones urbanísticas de varias fincas solicitada entonces por el club de golf en las parroquias de Fixós y Coeses. Pretendía duplicar la extensión de la instalación deportiva, de 9 a 18 hoyos, y al mismo tiempo construir una amplia urbanización de chalés, pero no contaban con suelo urbanizable necesario, y por eso el entonces presidente entabló negociaciones con la empresa Trepia, a la que encargó la compra de varias fincas rústicas y su recalificación a urbanas para construir chalés, lo que daría importantes beneficios económicos, que se repartirían luego ambas partes, y así lo plasmaron en el 2007 en un documento privado entre Victoriano Azcárraga y Manuel Vázquez Corredoira, uno de los tres socios de Trepia y también su administrador.

Por ello el juzgado ahora, además de las cuentas del club de golf, también pidió toda la contabilidad de la empresa Trepia a su actual representante, José Antonio Orozco Fernández, desde el 2006 al 2012, con el fin de contrastar las operaciones urbanísticas y económicas de ambas.

Acuerdo de 4,6 millones

La jueza dice en su auto que «el club de golf le vendió a Trepia todos esos futuros derechos de edificación sobre los terrenos de la sociedad, por 4,6 millones de euros, [...] y que en el momento de la firma recibió un cheque de 240.000 euros en concepto de anticipo; otros 240.000 los cobraría a los 4 meses (marzo 2007), 900.000 euros cuando se produjese la recalificación y los 3,2 millones restantes, en el momento de la compraventa de todos los terrenos ya recalificados».

Aunque el ayuntamiento aprobó la recalificación de esos suelos en su aprobación provisional del PXOM en enero del 2009, la Xunta no le dio el visto bueno todavía porque forma parte de ese 5% del término municipal sobre el que pidieron modificaciones o aclaraciones.

La jueza dice en el auto que «en este proceso de adquisición de parcelas rústicas y venta de la mismas una vez recalificadas como urbanas, los intervinientes no son ajenos al ámbito de decisión, por cuanto Manuel Vázquez Corredoira, administrador de Trepia, firmante del contrato de compraventa de las parcelas, tiene lazos familiares directos con la entonces gerente de la empresa municial del suelo y vivienda, Maria Novo Pena, y posterior delegada de urbanismo. Pero es que además, de dicha empresa pública era vicepresidente Fernández Liñares. [...] Igualmente, Victoriano Azcárraga en nombre del club de golf encarga a Vázquez Corredoira la práctica de una serie de gestiones oportunas ante las administraciones públicas para promover la recalificación de los terrenos. [...] La retribución por estos servicios se establece en un 15% del precio total [...] En la fecha de este acuerdo el club de golf ya había presentado las alegaciones siete mes antes, por lo que las gestiones a realizar por el Sr. Vázquez Pedrouzo no tendrían ningún fin aparentemente legal [...] sino que su intervención se circunscribe a actuar ante el ayuntamiento y su área de urbanismo, en los que tenía claros intereses personales y familiares a través de María Nova», dice literalmente el auto de la jueza.

Otras recalificaciones

La pieza judicial, que proviene de las denuncias de Alpul, menciona otra recalificación en la que participó el mismo Vázquez Corredoira, pero en este caso en nombre de Construcciones Pedrouzo, en Santiago de As Saamasas, donde compró a un particular una parcela que pasó a rústica y una vez adquirida volvió a ser urbana.

Y por último en el mismo auto se menciona otra recalificación en Portela, Muxa, y advierte de la amistad del propietario y pedáneo con Fernández Liñares.

POKÉMON, UNA INVESTIGACIÓN INICIADA EN EL 2011 Y QUE SUMA 88 IMPUTADOS
 

J. M. P. / La Voz

05 de diciembre de 2013

La operación Pokémon se puso en marcha en septiembre del 2011, cuando la jueza Pilar de Lara abrió desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo las diligencias previas 972/2011, que identifican el sumario de esta larga y compleja investigación, que ha puesto bajo sospecha a gobiernos locales tan importantes como los de Lugo, Santiago y Ourense, y a una red de empresas de servicios, aunque dos compañías parecen estar en el centro de la investigación: Vendex y Aquagest.

¿Cómo empezó todo?

Cuando Pilar de Lara investigaba el caso Carioca, una trama de burdeles, recibió informaciones que relacionaban al entonces concejal de Lugo, Francisco Fernández Liñares (luego fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño), con presuntas irregularidades urbanísticas. Era el primer paso de la operación Pokémon, nombre de un videojuego en el que hay infinidad de personajes, como en este caso.

¿Qué se investiga en el caso Pokémon?

Una trama de presunta corrupción política, la más importante de Galicia, en la que se investigan adjudicaciones de la ORA, de la grúa, del cobro de multas y de servicios municipales como el abastecimiento de agua potable. Hay 88 imputados, entre ellos los alcaldes de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), y de Santiago, Ángel Currás (PP), exalcaldes como Gerardo Conde Roa (PP), y concejales y exconcejales de esos y de otros municipios. Pokémon ya se llevó por delante al que era alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, y a un concejal del BNG, que era su socio de gobierno.

¿Por qué el sumario sigue siendo secreto?

Porque la jueza cree que es necesario para garantizar la investigación, que aún no se ha cerrado y en la que puede haber más imputaciones. De todas formas, es probable que el secreto no tarde en levantarse.

LA AUDIENCIA MANTIENE A LA JUEZ DE LA POKÉMON CONTRA LOS DESEOS DE OROZCO
La sala rechaza declarar nulas las actuaciones, como pretendía el alcalde, y destaca la "concienzuda investigación" de De Lara

S. R. P. / El País

2 DIC 2013

    La Audiencia Provincial de Lugo ha blindado las atribuciones de la juez Pilar de Lara contra las pretensiones de algunos de sus investigados en la trama Pokémon, que desentraña supuestas relaciones y negocios corruptos entre políticos de diferentes colores y empresas concesionarias de servicios. La sección segunda de este órgano judicial ha dictado dos autos sin posibilidad de recurso por los que rechaza respectivamente la petición del abogado del alcalde lucense, José Clemente López Orozco, y del representante legal de otro imputado de declarar nulas las actuaciones de la investigación que lleva a cabo la instructora del caso.
    No hay causa para la nulidad y tampoco, según indica la Audiencia, para la recusación o abstención de la magistrada, que "viene desarrollando una concienzuda investigación" y es la persona indicada para "apurar" la instrucción y "posibilitar el levantamiento del secreto de las actuaciones", prolongado ya desde septiembre de 2012. La Operación Pokémon nació a partir de la Carioca, en la que la misma juez investiga el entramado mafioso de los burdeles de Lugo, amparado por agentes del orden de todos los cuerpos y todos los rangos. La conexión entre una y otra vino de la mano de Francisco Fernández Liñares, exconcejal de Lugo, hombre de Orozco y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, imputado en esta causa e investigado por la juez desde los albores del caso Carioca.
    En el auto que da respuesta a Orozco la sala rechaza que la juez se "vea apartada" de las diligencias relativas a otros implicados después de que María del Pilar de Lara Cifuentes fuese apartada de la parte correspondiente a Miguel García-Gesto, un imputado que protagonizó un incidente delante un bar enfrentándose con la jueza que lo investigaba. El empresario llegó a ingresar en la cárcel por este asunto. Y fue la decisión del alto tribunal lucense de apartar a De Lara de las diligencias relativas a García-Gesto lo que aprovecharon Orozco y otros imputados para promover un "incidente de nulidad de actuaciones" y pedir, a través de sus letrados, el veto definitivo a la juez. La audiencia confía en que pronto se pueda levantar el secreto sumarial para que las partes puedan ejercer "sus derechos de defensa", y plantea en dos ocasiones la posibilidad de que más adelante se escindan piezas diferentes que se enjuiciarán por separado, porque son "varias y distintas las presuntas tramas" que se están investigando dentro de la maraña Pokémon.

DE LARA SIGUE CON LA POKÉMON AL RECHAZARSE EL RECURSO DE OROZCO
La Audiencia de Lugo califica de «concienzuda» su investigación

Xosé Carreira / La Voz  

03 de diciembre de 2013

La Audiencia Provincial de Lugo despejó las dudas. No solo mantiene a la magistrada Pilar de Lara al frente de la operación Pokémon, que investiga la mayor red de presunta corrupción política de Galicia y en la que ya hay 88 imputados, sino que la elogia. En un auto, la Audiencia dice que la investigación de la jueza es «concienzuda» y que ha de seguir ocupándose de la mayor parte de las diligencias para que pueda apurar la instrucción y levantar el secreto de las actuaciones. La decisión, que viene precedida de una polémica jurídica por la aceptación de un denominado incidente de nulidad supone un revés para los intereses del alcalde de Lugo, López Orozco, cuyo abogado planteó que la jueza debía ser apartada de toda la causa.

La Audiencia de Lugo explica que aunque no se puede «realizar una manifestación completa del porqué de la resolución» como consecuencia del secreto de las actuaciones, «sí podemos realizar las aclaraciones, genéricas, en las que se fundamenta la desestimación de nulidad de actuaciones».

Los autores del auto reconocen al abogado de Orozco que tiene razón al referirse a que los hechos que se investigan «son múltiples y conexos», pero advierten de que son varias y distintas las presuntas tramas cuyas actuaciones son objeto de pesquisa, «y lo cierto es que, una vez avanzada la investigación, hemos de presumir que las diligencias se han de escindir en diferentes piezas para que, sin quiebra de derecho alguno, se pueda llegar al enjuiciamiento por separado de aquellas diligencias que puedan verse, efectivamente, individualizadas por referirse a actuaciones concretas objeto de imputación y que, por tanto, se puedan escindir de las demás».

«Como eso es lo que ocurre en las actuaciones que se imputan [cita al empresario lugués], quien aparece en concretos hechos, de los múltiples que son objeto de investigación y, como esa investigación ya ha de estar próxima a su conclusión, es por lo que se puede individualizar [...], sin que se produzca quebrantamiento de derecho alguno ni para el recusante ni para los demás implicados en las diligencias previas respecto de quienes no concurre causa de recusación ni abstención», apunta el auto.

Añade también la resolución que «la jueza instructora, que viene desarrollando una concienzuda investigación en las diligencias», no ha de ser apartada de las demás diligencias «y así se pueda apurar la investigación instructora y posibilitar el levantamiento del secreto de las actuaciones para que las partes, conociendo lo actuado, puedan desarrollar, con la plenitud que, procesal y constitucionalmente, es deseable sus derechos de defensa y, al propio tiempo, la investigación se pueda ir concluyendo en lo esencial y, en su caso, escindiéndose las diferentes piezas, que correspondan tanto funcionalmente como territorialmente».

La resolución de la Audiencia de Lugo tiene fecha de ayer. El 22 de noviembre, después de que el día 12 se presentase el «incidente de nulidad», la jueza repartió en nueve piezas la instrucción del caso Pokémon e incluyó una lista de 88 imputados. El auto no hace ningún tipo de mención a la polémica generada por el hecho de que el citado «incidente de nulidad» debió haber sido aceptado a trámite o no.

LA AUDIENCIA DE LUGO MANTIENE A PILAR DE LARA EN LA OPERACIÓN POKÉMON
Un auto califica de «concienzuda» su investigación

Xosé Carreira

02 de diciembre de 2013

Se acabó, de momento, la incertidumbre. La Audiencia Provincial de Lugo mantiene en la instrucción de la operación Pokémon a la jueza Pilar de Lara Cifuentes. El alto tribunal de Lugo no aceptó la petición formulada por el abogado de Orozco que pedía que se declararan nulas las actuaciones y, en definitiva, que la magistrada no se siguiera ocupando de la macrooperación sobre corrupción en diversas instituciones públicas de Galicia. Un incidente en el que se vio involucrado uno de los imputados con la jueza provocó que, en en su momento, fuese recusada la jueza. La Audiencia aceptó esa petición en parte. La apartó de todo lo relacionado con el empresario Miguel García-Gesto y, de rebote, con algunas cuestiones que podrían tener que ver con el alcalde lucense, José Clemente López Orozco.

Como consecuencia de esta recusación parcial, el letrado madrileño Gregorio Arroyo, en representación del regidor lucense, planteó un «incidente de nulidad» en el que reclamaba que la jueza fuese apartada de toda la investigación. La admisión de este trámite por parte del alto tribunal lucense había provocado una gran controversia entre algunos abogados que expresaron que la ley no permitía tal aceptación. Ahora, la Audiencia Provincial acaba de resolver sobre el particular. «No concurre en el presente supuesto causa alguna que fundamente la nulidad de actuaciones», dice el auto en su disposición final. El tribunal previamente destaca que la jueza viene desarrollando «una concienzuda investigación» y que «no ha de ser apartada de las demás diligencias y así se pueda apurar la investigación instructora y posibilitar el levantamiento del secreto de las actuaciones (...).

UN IMPUTADO RECLAMA QUE NO SE APARTE DE LA POKÉMON A LA JUEZA PILAR DE LARA
Su abogado presentó un incidente de nulidad contrario al de Orozco, que quiere alejar de la instrucción a la magistrada

Xosé Carreira / la voz  

01 de diciembre de 2013

La operación Pokémon, una de las investigaciones más profundas contra la corrupción política en Galicia, está generando unos movimientos procesales que provocan momentos de gran suspense. A estas alturas está por decidir si dejan a la jueza seguir investigando, si tiene que abandonar, si se anula todo, si se anula una parte... Y todo este papelón lo tiene la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, que sorprendió a los abogados del caso aceptando al defensor del alcalde de Lugo un denominado «incidente de nulidad», cuando no podía hacerlo, según lo expresado por varios letrados.

Si todo estaba enrevesado, ahora aún lo está más, porque el abogado asturiano Fernando Barutell, que defiende a uno de los imputados -un socio de la empresa a la que el Concello de Lugo le concedió el servicio de grúa municipal-, acaba de presentar otro «incidente de nulidad» pero en sentido inverso al promovido por el alcalde de Lugo, López Orozco. El regidor no está de acuerdo con la decisión de la Audiencia de alejar a la magistrada de una pieza separada relacionada con el empresario Miguel García-Gesto. Plantea que De Lara tiene que apartarse de toda la instrucción.

Pues bien, el letrado asturiano promueve que Pilar de Lara se quede con toda la Pokémon, incluyendo el trozo que afecta al aludido industrial y que involucra directamente a Orozco. Este «incidente de nulidad de actuaciones» ya fue presentado ante la Audiencia.

Ahora empieza el suspense. Parece lógico que si el tribunal aceptó (indebidamente, según varios abogados) el «incidente» que presentó el letrado de Orozco, acepte también el del imputado asturiano. De hacerlo, tendrá que decidir, en primer lugar, si los da por buenos ambos. De ser así, ver qué hacer. ¿Dejar las cosas como están? ¿Echar a Pilar de Lara de la Pokémon? ¿Que se quede con todo, menos con una parte? ¿Anular todo? ¿Anular una parte? Más incógnitas, imposible.

Fernando Barutell, en su incidente procesal, antagónico del de Orozco, explica que la Audiencia de Lugo no estuvo acertada a la hora de concederle a la magistrada Pilar de Lara el «estatus de víctima» tras un incidente nocturno en el que la involucró el empresario Miguel García-Gesto, al que investigaba. Este, una noche, presuntamente la amenazó.

A raíz de ese incidente, el alto tribunal de Lugo entendió que la jueza no debía seguir con su tarea con respecto a García-Gesto. «De Lara, procesalmente no es víctima ni denunciante y el estatus otorgado carece de toda lógica procesal. La Audiencia hizo una interpretación cuasi filosófica de la figura de la víctima», apunta el letrado.

En el documento, el abogado que defiende a un asturiano imputado recuerda que «el legislador, acertada y afortunadamente, no incluyó entre los motivos de recusación el caso que nos ocupa, ya que de haberlo hecho, la posibilidad [...] de eliminar a cualquier miembro de la judicatura sería tan simple y sencilla como lo hecho por el señor García-Gesto y me remito a los documentos policiales y judiciales [...] que de su lectura se infiere lo esperpéntico de lo ocurrido».

Apunta el letrado que «por desgracia para los ciudadanos de bien, en este país [...] es público y notorio ver a terroristas intimidar y violentar a los jueces y magistrados ante los que comparecen o los juzgan». A modo de ejemplo dice que «resulta muy ilustrativo» que uno de los imputados, Iñaki Bilbao, amenazase al presidente de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, con pegarle tiros y también amenazase a Baltasar Garzón. «Ambos magistrados continuaron. El primero, juzgando la causa, y el segundo, instruyéndola, y a la defensa de Iñaki Bilbao no se le ocurrió promover la recusación de los magistrados».