LUGO ANTICORRUPCIÓN

EL SUPREMO ANULA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL CASO DE LAS MULTAS
Ordena repetir la deliberación, considera válidas las pruebas anuladas contra los 23 acusados y plantea a la Audiencia de Lugo que "deduzca testimonio a efectos penales" contra la jueza instructora del caso, Estela San José, por su "empecinamiento"

Jueves 21 de Mayo de 2015 | El Progreso

El Tribunal Supremo ha anunciado la anulación de la sentencia absolutoria de los 23 acusados en el denomiado caso de las Multas de Lugo. El tribunal considera válidas las pruebas anuladas, a la vez que plantea que la Audiencia de Lugo deduzca testimonio a efectos penales contra la juez instructora del caso, Estela San José, por su "empecinamiento".

El Supremo estima, así,  el recurso de la Fiscalía y ordena retrotraer las actuaciones a la fase de deliberación subsiguiente a la celebración del juicio, para que se delibere y redacte una nueva sentencia partiendo de la validez de las pruebas que fueron anuladas y de la "inexistencia de violación del derecho constitucional al juez predeterminado por la Ley", argumento que había desembocado en la sentencia absolutoria.

El 20 de junio de 2013, los 23 implicados en la supuesta trama de retirada de multas resultaban absueltos de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. La sentencia entendía que la jueza instructora conculcó el citado derecho al juez predeterminado por la Ley, y que esa infracción conllevaba la nulidad de las actuaciones y de toda la prueba procedente de las intervenciones telefónicas y posteriores entradas y registros. En concreto, consideraba que la infracción de la instructora partió de la resolución judicial que amplió una investigación inicial por delito de tráfico de drogas a un nuevo delito de cohecho ( la citada trama de condonación de multas en la Jefatura de Tráfico) descubierto casualmente a raiz de las intervenciones telefónicas acordadas en la causa, cuando entre ambos asuntos no había "conexión alguna", y el mantenimiento de la investigación conjunta de ambos ilícitos en el marco del mismo procedimiento.

El alto tribunal subraya, respecto a este punto, "el empecinamiento" de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, "en no desglosar actuaciones desconexas, omitiendo su remisión al Decano para su debido reparto", de modo que la Audiencia de Lugo deberá deducir testimonio a los efectos penales oportunos sobre la actuación de la juez.

VOTO PARTICULAR DE LUCIANO VARELA.  La sentencia incluye un voto particular del magistrado Luciano Varela, que también es partidario de anular la sentencia, pero discrepa de las consecuencias de esa decisión. El magistrado defiende que debe remitirse el asunto a los juzgados de instrucción de Lugo para someterlo a reparto, y, de ese modo, comenzar el procedimiento por un juez competente e imparcial.

En su voto se pregunta si se puede condenar a alguien en un juicio en que la instrucción se llevó a cabo con posible, aunque todavía no determinada, vulneración de preceptos penales por la autoridad judicial que la asumió. El magistrado responde que la pregunta produce evidente agobio "porque mal podría soportarse ver condenado, no solamente al acusado, sino a quien contribuyó a su condena con la actividad investigadora determinante de la misma".

El fiscal solicitó siete años de prisión para Jesús Otero

En el marco de la causa de las Multas, el ministerio Fiscal había solicitado para Jesús Otero, exsubdelegado del Gobierno y actualmente candidato a la alcaldía de Monterroso, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias, además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

Para Julio González, entonces al frente de la Jefatura Provincial de Tráfico, solicitó cuatro años y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental cometida por funcionario público, mientras que para la funcionaria María Consuelo Fernández Mouriño se solicitó una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental. Para ambos, el fiscal también pedía su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.

Por delitos de tráfico de influencias, el ministerio fiscal también reclamaba una pena de 1 año y 3 meses de prisión para los alcaldes de Muras, Isaam Al Nagm (PP), y Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo; así como para el exalcalde de Meira y concejal socialista, Antonio de Dios; el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade, y el exdelegado provincial de Cultura, Juan José Molina